Nueva sentencia condenando a la Administración por vulnerar derechos de manifestantes pacíficos en Salamanca

Una vez más, agentes de policía de paisano infiltrados en manifestaciones han tratado de reprimir a participantes habituales en movilizaciones sociales, atribuyéndoles el carácter de organizadores o promotores de las mismas. Y una vez más, su intención ha caído en saco roto, al menos parcialmente, puesto que el esfuerzo contra la burorrepresión sí se ha tenido que realizar.

En este caso, se trató de una concentración de protesta por la apertura de instalaciones radiactiavas en la provincia, que se transformó en una manifestación espontánea por diversas calles de la ciudad, causando, según la autoridad gubernativa, presuntos daños que no fueron acreditados ni reclamados. Por ello, se notificó a varias personas la iniciación de procedimientos sancionadores con propuesta de sanción de 600€, al atribuirles la autoría u organización del corte de calles de la manifestación.

Sin embargo, en este caso sí hubo una persona que organizó y promovió la manifestación espontánea y que con megáfono en mano iba lanzando consignas en contra de la mina mientras invadía la calzada, y que asumió su responsabilidad, pagando la sanción correspondiente.

El resto de personas eran meras participantes, en algunos casos habituales, y que simplemente siguieron, junto con otras muchas el discurrir de la protesta, ejerciendo su libertad de expresión, manifestándose por las calles de Salamanca, no debiendo por tanto ser objeto de represión por no ser organizadores, siendo así que realmente el motivo por el cual fueron sancionados parecería más bien como una mera represalia hacia las personas empoderadas de la ciudad, aquellas que participan habitualmente en protestas y que saben y conocen sus derechos.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca

 

 

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Policías locales en Salamanca impiden repartir octavillas contra la Ley Mordaza

Esta mediodía varias activistas de organizaciones sociales se encontraban difundiendo información sobre la ley de seguridad ciudadana con cartelería y repartiendo octavillas sobre la manifestación, cuando tres policías locales, en la esquina de la calle Latina con Libreros, han prohibido repartir la información amenazando con sanciones con el argumento de que se encontraban “ensuciando la calle” y que “estaba prohibido repartir octavillas”, informando que era el primer aviso y que, de continuar con la acción de reparto, la multa sería cuantiosa.

Sin embargo, desde el año 1978, la libertad de expresión e información es un derecho fundamental de las personas y no puede censurarse ni impedirse por la autoridad gubernativa, y menos con argumentos espúreos y cuyo único interés es disuadir legítimas protestas ciudadanas, pero que evidentemente molestan tanto a los políticos como a ciertos agentes de la policía. De hecho, el Ayuntamiento de Salamanca se ha destacado en el país, en los últimos años, por ser uno de los más vulneran la libertad de información y expresión de la ciudadanía, siendo condenado por los tribunales en numerosas ocasiones, incluso por los mismos hechos sucedidos hoy.

Desde esta Comisión Legal seguiremos dando cobertura legal a cualquier activista, movimiento social u organización que pretenda defender sus derechos civiles, por lo que estudiaremos la posibilidad de interponer la correspondiente denuncia penal por estos lamentables hechos, una vez que ya existen numerosos pronunciamientos judiciales del ámbito contencioso-administrativo zajando las posibles interpretaciones de las ordenanzas municipales, en relación al ejercicio de derechos fundamentales.

Además, hemos puesto a disposición de todas las personas, a través de nuestra web, una pequeña guía legal específica sobre las acciones más habituales desarrolladas por activistas y organizaciones para facilitar el conocimiento sobre la difusión de información social, sindical o política.

Solo la lucha hace justicia

Guía legal sobre acciones: https://legalsalamanca.wordpress.com/2018/02/28/defiende-tu-derecho-a-la-libertad-de-expresion/

Acabemos con la ley mordaza

Se cumplen 3 años de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana del PP, conocida como “Ley Mordaza” o “Ley de Represión Ciudadana”, nacida para reprimir las protestas ciudadanas surgidas a partir de 2011. Precisamente, en estos días puede debatirse una propuesta de derogación en el Congreso, que había estado paralizada por PP y C’s desde hace más de un año.

Por ello, son cientos de organizaciones sociales del país las que se han unido en esta movilización, convocando acciones en más de una veintena de ciudades para el 17 de Marzo y con el fin de mostrar el rechazo a la Ley Mordaza y presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos, como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, así como de migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las “devoluciones en caliente”.

Las organizaciones sociales en Salamanca que secundan estas movilizaciones (Amnistía Internacional, Plataforma No Somos Delito, Stop Desahucios Salamanca, Comisión Legal 15M Salamanca, CGT y Marchas por la Dignidad), han organizado distintas actividades de difusión y concienciación por las calles de la ciudad, con pancartas informativas sobre puntos claves de la ley.

El viernes 16M, se celebrará una charla-debate a partir de las 20h y en el espacio Serendipity (C/Serrano), con juristas especializados en burorrepresión y leyes mordaza, miembros de esta comisión legal y el sábado 17M, una manifestación recorrerá las calles de la ciudad, a partir de las 17:30h, desde la iglesia de San Juan de Sahagún hasta la Plaza Mayor.

Además, las compañeras de IU Salamanca han organizado unas jornadas antirrepresivas, y el mismo sábado se celebrará una charla en el Bar El Rastrel, a las 19h, con la participación de César Strawberry, cantante de Def con Dos y condenado a 1 año de cárcel por ejercer su libertad de expresión artística.


Noticias de prensa sobre los eventos

Manifestación contra la ‘Ley Mordaza’

Defiende la libertad de expresión

En los últimos años la represión se ha incrementado de forma notable, aumentando la cantidad y cuantía de sanciones administrativas, en especial desde la entrada en vigor de las leyes mordaza, y en los últimos tiempos mediante detenciones y represión penal, como observamos con las condenas de cárcel a tuiteros o raperos.

La Administración tiene la potestad de ser juez y parte cuando existan conflictos. Por ello, es imprescindible tener un conocimiento básico legal de las acciones más frecuentes que se realizan en las calles por parte de personas, organizaciones y movimientos sociales.

Repartir octavillas de contenido político, social o religioso

El reparto de octavillas en la vía pública es una de las formas más clásicas de ejercer la libertad de información y expresión, no siendo en ningún caso necesario solicitar permiso alguno para realizarla en cualquier espacio público.

A este respecto en marzo de 2012 activistas del 15M-Acampada Salamanca realizaron un actividad de carácter informativo en la Plaza Mayor, consistente en repartir octavillas y generar un debate ciudadano sobre la reforma laboral del Gobierno y la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos. La policía municipal, cumpliendo órdenes políticas, intentó “desalojarlos” solicitando la entrega del material, el pequeño megáfono, etc. Finalmente, a varios activistas se les sancionó con 150€ a cada uno por “repartir octavillas por la vía pública”, según la literalidad del art. 23 de la Ordenanza de Residuos del Ayuntamiento. Los juzgados nº1 y nº2 de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Salamanca dictaron en Mayo de 2013 a favor de los activistas, declarando la vulneración de la libertad de expresión y condenando a devolver la multa y a pagar las costas del procedimiento judicial. El Ayuntamiento recurrió en apelación al TSJ de Valladolid con los peregrinos argumentos de que “la libertad de expresión política no es de mayor valor que la religiosa” o que el derecho a expresarse está limitado a las campañas electorales y a los partidos políticos… El TSJ confirmó las sentencias y además anuló y declaró inconstitucional la ordenanza municipal.

Repartir octavillas es plenamente legal y constitucional

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Salamanca reparto de octavillas 15M Salamanca

Sentencia 1 del TSJ CyL reparto de octavillas 15M Salamanca

Sentencia 2 del TSJ CyL reparto octavillas anulación Ordenanza 15M Salamanca

 Colocar cartelería informativa en la vía pública

a) Pegar carteles en el mobiliario urbano

Las ordenanzas municipales suelen tipificar como sancionable el hecho de colocar carteles en el mobiliario público sin autorización expresa. No obstante, este tipo de normas no tienen en cuenta las múltiples formas de ejercer la libertad de información y expresión a través de cartelería por parte de las personas, organizaciones y movimientos sociales, y que podrían quedar fuera de dicha prohibición.

En general, hay que interpretar este tipo de normativa municipal en el sentido expresado por el TSJ de Castilla y León, en su sentencia de 8 de octubre de 2013, que dice que “lo que prohíbe es, sin duda, una inequívoca actuación contra bienes municipales, o incluso de terceros que los destruya o deteriore. Y esa destrucción (más bien deterioro) puede cometerse, sin duda, mediante la realización de publicidad política o comercial (pintadas, pegada de carteles…etc.). Ahora bien; lo que no entra en este ámbito de prohibición es cualquier forma de expresión política, vecinal, ideológica o social, que pueda incidir en esos bienes municipales, y decimos incidir, no deteriorar. En estos casos, la preeminencia de la libertad de expresión consagrada por nuestra Constitución de 1978 en su art. 20 legitima tales comportamientos.

Y es que “No es lo mismo prohibir una publicidad comercial, e incluso la inequívocamente política, que se realice con métodos permanentes y gran afectación visual del entorno arquitectónico que la realización de actos de propaganda o expresión social, vecinal o política sin vocación de permanencia, sino simplemente coyuntural. Más aún; el problema deriva de la equiparación que se hace en la ordenanza entre mecanismos de comunicación escrita de vocación permanente (p. ej. rótulos luminosos) y otros métodos de comunicación o protesta de duración mas limitada temporalmente, que es imprescindible tolerar.

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El juzgado de lo penal absuelve a policías y manifestantes del 15M por el escrache a Rajoy de 2013

La sentencia reconoce que los manifestantes no cometieron el delito de atentado que la Unidad de Intervención de la Policía Nacional les atribuyó, absolviendo de todos los cargos. A este respecto, la sentencia dice que “Como han puesto de manifiesto las declaraciones de los acusados en el juicio oral, así como las de los policías, no hubo acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave, ni resistencia activa grave de los acusados. Los acusados no acometieron a los policías.” Ademas recuerda que “Los videos exhibidos, única prueba concluyente en relación con el atentado, más allá de la verbal, no reflejan acometimiento, sino sólo un intento de protegerse físicamente los manifestantes, en un intento de salvaguardar su integridad física frente a los golpes propinados por las defensas de los policías

Es decir, los agentes imputaron un delito que a todos luces no existió nunca.

Por otro lado, la jueza también absuelve a los policías que también fueron denunciados por faltas y delito de lesiones, al entender que aunque efectivamente agredieron a los manifestantes causándoles lesiones, en el caso concreto concurriría la circunstancia eximente del delito de ejercicicio de su deber profesional. Para llegar a esta conclusión, la jueza reconoce que los policías indicaron en el juicio  que “actuaban bajo las órdenes de su superior, que se trataba de un evento de alto riesgo, y que había que evitar que los manifestantes entraran en el Parador, pero que no se iban. (…) por lo que deben ser absueltos del delito y faltas de lesiones que se les imputan“.

Sin embargo, concurre en algunas incoherencias, puesto que en el vídeo se observan de forma clara golpes absolutamente desproporcionados, por lo que la justificación empleada en la sentencia para absolver a los agentes es, cuanto menos, dudosa. Un agente de policía que sacude alegremente a la cabeza y que agarra para evitar la huida no se encuentra ejerciendo su deber, sino precisamente incurriendo en faltas graves al protocolo establecido al efecto, vulnerando la ley, y la integridad física de las personas.

La sentencia del Juzgado nº1 de lo Penal, recurrible ante la Audiencia Provincial

El TSJ de Castilla y León declara ilegal la norma del reglamento regional de uniones de hecho que impide la inscripción a las personas sin permiso de residencia


El alto tribunal nos ha vuelto a dar la razón, al confirmar los argumentos ya aceptados en la sentencia de primera instancia. La STSJ de CyL nº446 de 10 de abril de 2017, reconoce que la administración estaba realizando una interpretación errónea del Derecho en la aplicación de la normativa y la configuración jurídica de la pareja de hecho, al solicitar “permiso de residencia” para acreditar la “residencia habitual” de los solicitantes, cuando sólo sería necesario el certificado de empadronamiento.

Además, la sentencia reconoce que se estaría utilizando de forma desviada y abusiva el reglamento para impedir la regularización legal de las personas extranjeras, vulnerando principios y derechos fundamentales al generar un trato desigual (art. 14 CE) y desprotegiendo a la familia, un deber de las administraciones públicas recogido en el art. 39 de la Constitución.

Esta nueva resolución judicial no solo confirma el derecho de los recurrentes a inscribirse, pues la sentencia, y aquí radica su gran importancia, también declara la nulidad del art. 11 del citado reglamento que regula el registro, obligando a la expulsión de dicho precepto del ordenamiento jurídico, posibilitando que la actual discriminación desaparezca para toda la comunidad de Castilla y León, beneficiando por tanto a miles de personas en nuestra región y fuera de ella, al servir de precedente para solucionar una problemática que está afectando a cientos de miles de personas en nuestro país.

Desde la Comisión Legal de Salamanca damos la enhorabuena a la pareja que ha tenido la firmeza de exigir en los tribunales sus derechos, posibilitando una solución general a esta problemática. También queremos dar las gracias por la confianza mostrada, pues como es frecuente en este tipo de litigios estratégicos recurrir ante la administración ha supuesto también elevados costes personales y profesionales, por la interminable espera manteniendo una situación de inseguridad constante.

Sólo la lucha hace Justicia.

Requerir el permiso de residencia para inscribirse en el reglamento de parejas de hecho de Castilla y León vulnera derechos fundamentales y es contrario a la Constitución

clegalsalamanca

El pasado sábado nos han notificado la Sentencia 150/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Valladolid que ha estimado el recurso contencioso interpuesto contra la decisión de denegar la inscripción en el Registro de Castilla y León de Uniones de Hecho de una pareja en la cual uno de los miembros carecía de permiso de residencia, de nacionalidad extracomunitaria.

Esta situación de discriminación viene produciéndose desde 2010, cuanto la Junta de Castilla y León y gobernada por el PP, introdujo el requisito de presentación de permiso de residencia, con el interés evidente de bloquear e impedir el acceso al registro de las personas que carecieran de permiso de residencia, con arreglo a la ley de extranjería, incluyéndose estudiantes en situación de estancia, voluntarios o personas en situación administrativa irregular.

Esta política de claro racismo institucional ha venido desarrollándose por el PP allí donde gobierna en todo el país, existiendo ya pronunciamientos al respecto por parte de la Defensoría del Pueblo, quien ya en su Recomendación de 22 de enero de 2014, para la Modificación del Decreto 124/2000, de 11 de julio, solicitaba la supresión del requisito de acreditar la posesión de autorización de residencia para la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha.

La sentencia resuelve que el requisito exigido por el artículo 11. 1 de la Orden M/1597/2008, de 22 de agosto que regula el registro y recoge la necesidad de presentar el permiso de residencia, “es contrario a los principios constitucionales y a la configuración jurisprudencial de la institución de las parejas de hecho, así como es contrario al principio de no discriminación por el lugar de residencia”.

De este modo, el juzgado anula los resoluciones impugnadas y declara la existencia de pareja de hecho formada por los actores ordenando a la administración demandada a que proceda a su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León a todos los efectos.

Los argumentos planteados durante el proceso judicial contra la exigencia de este requisito documental para la inscripción han sido los siguientes:

  • Interpretación errónea del Derecho en la aplicación de la normativa y la configuración jurídica de la pareja de hecho, al solicitar “permiso de residencia” para acreditar la “residencia habitual” de los solicitantes.
  • Vulneración de la seguridad jurídica (art. 9 CE), igualdad y no discriminación (art 14 CE) y protección de la familia (art 39 CE).
  • Vulneración del Derecho comunitario por la Ley de Extranjería, al realizar una transposición errónea de la Directiva del Consejo 2004/114/CE de 13 de diciembre de 2004 que asimila la situación de estancia con la situación de residencia.
  • Interpretación errónea de la ORDEN FAM/1036/2010, de 5 de julio que reconoce la inclusión de las personas en situación de estancia a efectos de la inscripción registral

Esta sentencia puede representar un primer paso para la declaración de nulidad del art. 11 del citado reglamento que regula el registro, posibilitando que la actual discriminación se elimine para toda la comunidad de Castilla y León, beneficiando a miles de personas en nuestra región y servir de precedente para solucionar una problemática que está afectando a cientos de miles de personas en nuestro país, vulnerando sus derechos fundamentales.

Desde la Comisión Legal de Salamanca damos la enhorabuena a la pareja que ha tenido la firmeza de exigir en los tribunales sus derechos, posibilitando una solución general a esta problemática, porque sólo la lucha hace Justicia.