El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la vulneración de la libertad de expresión por parte del Ayuntamiento de Salamanca hacia activistas del 15M de Salamanca

Mientras el Gobierno prepara su ofensiva contra la libertad y la democracia, a través de la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, los ayuntamientos del PP de toda España sufren varapalos judiciales continuos, precisamente por las mismas cuestiones: la vulneración sistemática de derechos y principios fundamentales del sistema democrático, como la libertad de expresión.

 En Mayo de este año conocíamos las sentencias del Juzgado de lo Contencioso de Salamanca que declaraban inconstitucionales las actuaciones del Ayuntamiento de Salamanca contra activistas del 15M de Salamanca. Días más tarde, el propio alcalde anunciaba que recurriría las decisiones ante el Tribunal Superior de Justicia.

Pues bien, “La Sala comparte totalmente la tesis del Juzgado. Cuando la actora, hoy apelada, reparte a los viandantes pasquines en contra de una determinada política gubernamental (la reforma laboral) ejerce un derecho fundamental de la persona reconocido en el artículo 20.1.a) de la Constitución Española de 27 de Diciembre de 1978, según el cual, se reconoce y protege el derecho “A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante… el escrito”. Esta facultad (…) alcanza su mayor relieve en materias de naturaleza política, como son las decisiones de los poderes públicos de orden social o económico, sin que quepa la necesidad de un acatamiento sumiso frente a lo que se considera -acertada o desacertadamente- una decisión equivocada de los citados poderes públicos; no puede entenderse que la democracia ampare tales tesis, sino, antes bien, la confrontación en la difusión en las ideas.”

 Era evidente, es evidente: ninguna ordenanza municipal puede sancionar el ejercicio de la libertad de expresión, pilar básico de cualquier sistema político mínimamente democrático, ni cabe acatamiento posible a leyes inconstitucionales ilegítimas. Por eso es lamentable la desviada utilización del dinero público por parte del Ayuntamiento al recurrir en apelación a la Sala del TSJ de Valladolid. Y todavía si cabe, más vergonzoso que el Ayuntamiento esgrima en su argumentación “que la libertad de expresión política no tiene que ser de mejor condición que la libertad de expresión religiosa”, o que “la ordenanza sólo excepciona de su aplicación la campaña electoral”.

 Ni el ejercicio de la Política es exclusivo de los políticos ni por supuesto está restringido temporalmente a las campañas electorales; precisamente gracias a movimientos sociales como el 15M esa visión distorsionada e interesada de la libertad y la democracia deberían quedar desterradas para siempre, llegando a comprender con estas palabras del Ayuntamiento, la deriva de nuestra incipiente democracia de libertades hacia una democracia formal y vigilada de partidos, que no debemos tolerar.

Es evidente que determinada clase política, donde se incluye nuestro alcalde, tiene el ánimo de intentar impedir la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, relegando a las personas a ser espectadores pasivos de la actividad de sus funestos “representantes”, que al parecer sólo deben rendir cuentas cada cuatro años, tras la pertinente y apropiada propaganda electoral; disuadiéndoles de exigir cuentas diariamente, como ciudadan@s crític@s y participativ@s e incluso conflictiv@s, reprimiéndoles tal conducta incluso a través de sanciones administrativas como ya va siendo habitual en la ciudad, incluyendo suspensiones de empleo y sueldo a los auténticos servidores públicos.

 Finalmente resaltar que todos los argumentos del Ayuntamiento han sido desestimados, siendo por ello condenado en costas, pues “tampoco se puede oponer válidamente ni la potestad tipificadora, ni la sancionadora de la administración local, que nada tienen que ver con una aplicación cicatera, en el mejor de los casos, del derecho fundamental de los ciudadanos a expresar sus ideas contra una decisión política y social determinada, pues la democracia va mucho más allá del “ordenado contraste de pareceres” que se reconocía -incluso allí- en la legislación de la dictadura.”

Sólo la lucha hace justicia”

Comisión jurídico-legal 15M-Salamanca

STSJ CyL octavillas y Ayto. Salamanca

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